El sistema de pensiones español se encuentra en una encrucijada histórica. Con una población cada vez más envejecida y una base de trabajadores activos en disminución, el modelo actual basado casi exclusivamente en el esquema público de reparto enfrenta serios desafíos de sostenibilidad a largo plazo. Según un reciente análisis de BME, la infraestructura del mercado de valores español, el país debe evolucionar hacia un esquema más equilibrado que combine la protección social del sistema público con mecanismos complementarios de ahorro colectivo.
El diagnóstico es claro: España depende de manera predominante del llamado Pilar I, es decir, la pensión pública financiada mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Este modelo solidario ha garantizado durante décadas una protección social robusta, pero la ecuación demográfica está cambiando radicalmente. En la actualidad, por cada pensionista hay aproximadamente 2,1 trabajadores cotizando. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que esta proporción caerá hasta 1,3 ocupados por cada jubilado en 2050.
Una presión insostenible sobre las finanzas públicas
Esta transformación demográfica tiene consecuencias directas sobre las cuentas del Estado. El gasto público destinado a pensiones alcanzó el 13,1% del Producto Interior Bruto en 2024. De mantenerse las tendencias actuales, la Comisión Europea estima que esta cifra podría escalar hasta el 17,3% del PIB en 2050. Para poner este dato en contexto, estamos hablando de un incremento de más de cuatro puntos porcentuales del PIB en apenas 26 años, lo que equivaldría a decenas de miles de millones de euros adicionales en un presupuesto ya tensionado.
Ante este panorama, BME defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones multipilar. El objetivo no es sustituir la pensión pública, sino complementarla con un segundo pilar más desarrollado, basado en planes de pensiones de empleo con inscripción automática. Este segundo pilar permitiría a los trabajadores acumular ahorro adicional durante su vida laboral, reduciendo la presión sobre el sistema público y mejorando la tasa de sustitución, es decir, la proporción del último salario que se mantiene como ingreso durante la jubilación.
España, a la cola de Europa en ahorro previsional complementario
La situación de partida de España en materia de ahorro complementario es preocupante. A principios de 2025, solo 3,13 millones de trabajadores participaban en planes de pensiones de empleo, lo que representa apenas el 14,4% de los afiliados a la Seguridad Social. Además, los activos gestionados por los proveedores de pensiones equivalen al 10,8% del PIB, muy por debajo del 32% de media en la Unión Europea.
La brecha con otros países desarrollados es aún más evidente cuando se observan casos como Dinamarca, donde los activos de pensiones representan el 206,4% del PIB, o Países Bajos, con el 150,9%. Estas cifras no solo reflejan una mayor cultura de ahorro previsional, sino también una capacidad estructural mucho mayor para canalizar recursos hacia la economía productiva a largo plazo. En definitiva, estos países han construido sistemas donde el ahorro para la jubilación alimenta simultáneamente la seguridad financiera de los ciudadanos y el crecimiento económico.
La inscripción automática: aprender de la experiencia británica
Para revertir esta situación, BME propone adoptar un mecanismo de inscripción automática o autoenrolment, similar al implementado con éxito en Reino Unido desde 2012. El concepto es sencillo pero efectivo: los trabajadores son incorporados por defecto a un plan de pensiones de empleo, aunque conservan en todo momento el derecho a darse de baja si así lo desean. Este diseño aprovecha lo que los expertos en economía del comportamiento denominan «arquitectura de elección»: en lugar de exigir una decisión activa para ahorrar, el sistema convierte el ahorro en la opción predeterminada.
Los resultados en Reino Unido han sido contundentes. Antes de la reforma, en 2012, el 47% de los empleados participaban en planes de pensiones de empleo. En 2024, esta cifra había subido al 82%. El número de afiliados a planes de contribución definida se disparó desde unos 10-12 millones hasta más de 23 millones. La clave del éxito británico reside en varios factores: aportaciones compartidas entre empleador y trabajador, incremento gradual de las contribuciones, implantación progresiva por tamaño de empresa y disponibilidad de productos de bajo coste y fácil gestión.
Más allá de la pensión individual: impacto económico y financiero
El fortalecimiento de un segundo pilar tendría repercusiones que trascienden la mejora de la pensión individual. Desde el punto de vista social, permitiría aumentar la renta disponible en la jubilación, reducir la dependencia exclusiva del sistema público y mejorar el equilibrio intergeneracional. Desde la perspectiva económica, generaría un flujo constante y predecible de ahorro de largo plazo que podría canalizarse hacia infraestructuras, proyectos de transición energética, innovación tecnológica y financiación empresarial.
Para que este ahorro se transforme efectivamente en inversión productiva, resulta imprescindible contar con mercados de capitales profundos, transparentes y eficientes. Aquí es donde entran en juego las bolsas, los sistemas de compensación y liquidación, y todo el ecosistema de mercados primarios y secundarios. El desarrollo del Pilar II y la profundización de los mercados de capitales no son, por tanto, objetivos independientes, sino dos caras de la misma moneda: más ahorro previsional amplía la base inversora doméstica, mientras que mercados más robustos permiten asignar ese ahorro con mayor productividad.
En cuanto a la rentabilidad, BME subraya que no se trata de un elemento accesorio, sino fundamental. Históricamente, la Bolsa española ha ofrecido una rentabilidad media nominal del 8,3% anual en los últimos 120 años incluyendo dividendos, lo que ajustado por inflación equivale a una rentabilidad real cercana al 3%. En el ámbito previsional, esta diferencia es decisiva: gracias al interés compuesto, aportaciones periódicas moderadas pueden convertirse en un volumen significativo de ahorro acumulado tras 30 o 40 años de vida laboral. Para que este potencial se materialice, el sistema debe combinar gestión profesional, diversificación, costes reducidos, transparencia y estrategias de inversión adaptadas al ciclo vital de los partícipes.
En clave: Por qué importa
España no puede resolver el desafío de las pensiones únicamente mediante ajustes en el gasto público. La magnitud del cambio demográfico exige construir un sistema más equilibrado que combine protección social con ahorro complementario. La propuesta de BME de avanzar hacia un modelo de inscripción automática adaptado al contexto español ofrece una vía realista para ampliar el Pilar II de forma progresiva, asumible y eficaz.
Este cambio no solo mejoraría las pensiones futuras de millones de trabajadores, sino que también contribuiría a la sostenibilidad del sistema público, aumentaría la base de ahorro institucional y canalizaría recursos hacia la economía productiva. En un contexto europeo que necesita con urgencia más capital paciente y mercados más profundos, reforzar el Pilar II debe entenderse como una palanca estratégica para el futuro de las pensiones y para la competitividad de la economía española.
